Fundación Paso a Paso: Normativa legal venezolana y discapacidad...

1. RETROSPECTIVA DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL

Al abordar la evolución de la Integración Social, de las personas con necesidades especiales es necesario partir de las actitudes que han prevalecido a lo largo de la historia.

Históricamente a mediado del siglo XIX, en Venezuela al igual que en otros países la tendencia de la sociedad hacia las personas con necesidades especiales fue de caridad y de protección, segregándolas de la familia y de la comunidad, impidiéndoles su desarrollo personal-social como ser humano.

Al comienzo del siglo XX se evidencia alguna preocupación por las personas con necesidades especiales, bien por motivos filantrópicos o voluntarios, promovidos por los padres y amigos de estas personas; se piensa en esa época que pueden mejorar y compensar sus limitaciones. Sin embargo, el modelo asistencial que se perfilaba en ese momento los mantenían segregados por cuanto se le consideraba portador de un defecto que debía corregirse y no como una persona diferente a la que por ley natural debía promovérsele el desarrollo de sus potencialidades, y el derecho a su integración social como cualquier ciudadano, en todo los ámbitos; familia, escuela y comunidad. Cabe señalar que la participación estatal era muy restringida, por lo que las instituciones que se creaban provenían de la iniciativa privada.

En Venezuela al igual que en otros países en el siglo XX se han producido avances en cuanto a la integración social de las personas con necesidades especiales, y sobre todo la respuesta de la sociedad hacia ellos. Entre los factores que han influenciado se destacan, el progreso de las ciencias médicas, pedagógicas y sociales y una mayor concientización de la sociedad ante las personas con necesidades especiales considerando sus posibilidades y limitaciones.

Posteriormente, con la aparición del modelo psicológico se enfatizó el uso del Test como principal instrumento de diagnóstico considerándose la evaluación de la inteligencia en términos de un coeficiente intelectual (C.I.), lo que conllevó a la categorización de los niños en niveles de desarrollo intelectual, utilizándose este parámetro para la ubicación del niño.

En el año 1936, con motivo de la celebración del primer congreso de educadores en Venezuela se elabora la tabla de los derechos del niño venezolano, lo cual dio inicio a un cambio en la concepción del niño con necesidades especiales.

Otro acontecimiento importante y que asumieron todos los países incluyendo a Venezuela fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el cual es considerado como el primer documento promulgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se consagran dos grupos de derechos: civiles y políticos, por una parte y económicos y sociales por otra. Para esta misma época, se establecen los compromisos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estas declaraciones aportan a todos los países una base legal para la integración de las personas con necesidades especiales a la educación; familia, salud, trabajo, recreación y cultura. De esta forma se preparaba el terreno para el desarrollo de iniciativas en todos los países.

Estos hechos y las presiones ejercidas por las asociaciones de padres que solicitaban el derecho de los hijos con necesidades especiales a ser considerados como personas, ofrecían una alternativa más justa "la integración social de las personas con necesidades especiales, para elevarlos en el papel que les correspondía, como miembros de una sociedad" (García, 1989), es decir, una persona activa en la sociedad con la oportunidad de ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

A nivel mundial, en 1971, comienza un movimiento por la Integración sustentado en la Normalización como principio rector. La concepción teórica que la fundamentaba significaba "poner al alcance de todas las personas con necesidades especiales, unos modos de vida diaria lo más parecido posible a las formas y condiciones de vida del resto de la sociedad" (Nirye, 1989). Sin embargo, dado que el mismo concepto llevaba implícito como referente el concepto de normalidad, que estaba sujeto a un criterio de tipo estadístico, se generaron controversias y prácticas inadecuadas en todos los países dando lugar a diferentes descripciones e interpretaciones erróneas. En este sentido , la integración se entendió solo en el contexto escolar.

La Normalización dio paso a la integración considerándose como el proceso de incorporación física y social de las personas que estaban segregadas y aisladas. Esto trajo polémicas, por cuanto existía la tendencia generalizada a que las personas con necesidades especiales se incorporaran a las escuelas sin respetar sus diferencias.

En Venezuela en el año 1976 se elaboró el documento de la Conceptualización y Política de Educación Especial, en donde se sustentan las bases que regirían la integración social de las personas con necesidades especiales, ubicada en un contexto social, enfatizando sus posibilidades y el desarrollo de sus potencialidades para la integración plena en su medio familiar, escolar, laboral y social.

De esta forma la integración se centró en aquellos aspectos inherentes a este principio "todas las condiciones de vida de la persona, tanto en el hogar como en la escuela y la comunidad, debe ser contemplada como un derecho exigible por todos los ciudadanos, en la medida que supone condiciones más favorables para el desarrollo y también por razones de justicia social" (Briceño, 1981). Se preconizaba así los derechos sociales expuestos en la Constitución Nacional de la República de Venezuela y en la declaración de los Derechos Humanos.

Enmarcados en estos postulados se establecen por primera vez las políticas de acción para la Normalización y la Integración en los diferentes ámbitos: familia, escuela y comunidad. De esta forma se plantea el modelo psicopedagógico, dirigido a la formación de un individuo con una personalidad autónoma y socialmente integrado.

Prosiguiendo con la evolución histórica de la integración social, para el año 1978, se crean los primeros equipos de integración, los cuales tenían como propósito fundamental brindar asistencia psicoeducativa a los niños con necesidades especiales que no requerían ni debían ser segregados de la escuela regular; dichos niños constituían la mayoría de los alumnos que presentaban problemas en su proceso de aprendizaje. Estos servicios tenían como otra de sus funciones coordinar acciones con los distintos recursos institucionales de la comunidad, con los sectores de salud, cultura y recreación a fin de facilitar la integración social de las personas con necesidades especiales (Ministerio de Educación, Dirección de Educación Especial, Anteproyecto de Equipos de Integración, 1978).

Al efectuar un análisis de la praxis de estos servicios se visualiza también un intento por promover la integración de estos educandos a los ámbitos educativo y social.

En Venezuela la década de los 80 marcó un hito histórico en la integración social de las personas con necesidades especiales, esto a consecuencia de la promulgación de la Ley Orgánica de Educación, donde se establece que la Educación Especial es una modalidad del Sistema Educativo. Este suceso abre un camino para la concreción de una política de integración social para las personas con necesidades especiales, por cuanto se le garantizaba el ejercicio de sus derechos y el respeto por sus diferencias individuales.

Importantes revisiones, en el orden conceptual se realizaron en esta década. En primer lugar el principio de Normalización fue objeto de revisión en todos los países produciéndose un enriquecimiento de sus contenidos y una aplicación, no sólo en el campo educativo, sino también en las áreas de salud y trabajo: "todas las condiciones de vida de las personas con necesidades especiales tanto en la familia, la escuela y la comunidad, deben garantizarse con la concertación de todos los sectores de la vida nacional" (Briceño, 1981).

Podría decirse sin lugar a dudas que éste fue un año pródigo en materia de integración, se establecía como precepto que todas las personas con necesidades especiales tenían los mismos derechos humanos que los demás miembros de la sociedad, y por lo tanto, debía establecerse una política integral para satisfacer las necesidades de estas personas en su entorno familiar, escolar, laboral y social.

En cuanto al entorno familiar se consideraba de vital importancia la interacción entre padres e hijos y el papel del hogar como elemento básico para el desarrollo integral del niño joven y adolescente. De esta forma cobraron auge las escuelas de padres, para abordar con propiedad la participación de la familia en el proceso educativo de las personas con necesidades especiales y por ende en su integración social (González, 1980).

En lo que se refiere al ámbito escolar se fueron incrementando los equipos de integración a nivel nacional con la finalidad de promover la integración escolar de los niños con necesidades especiales.

En cuanto al ámbito socio-laboral se hicieron intentos de coordinación con el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), para la capacitación e inserción sociolaboral de los jóvenes y adultos con necesidades especiales.

En el año 1981 se declaró el Año Internacional del Impedido, de allí que las Naciones Unidas estableció como lema "Participación e Igualdad plena". Esta fue un año pródigo en todo el mundo. En Venezuela, se realizaron a nivel nacional seminarios, foros y otros eventos cuya temática versó sobre la discusión de la problemática enfrentada por las personas con necesidades especiales para su incorporación activa a la vida social.

Así mismo, se procedió a analizar la legislación venezolana, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional que asegura la igualdad de todos los venezolanos, para el ejercicio de sus derechos, mediante instrumentos legales de protección social, que contemplen aspectos no previstos en las leyes. De allí que se elaboró el primer anteproyecto de la Ley de Protección del Impedido que fue presentado al Ejecutivo Nacional.. En su preparación, participaron técnicos y profesionales de diversas disciplinas así como las propias personas con necesidades especiales.

Paralelamente se realizó una extensa programación en todo el país con la finalidad de promover actividades con participación de las personas con necesidades especiales como medio de integración social.

Para este año la Dirección de Educación Especial y la Fundación para el Desarrollo de la Educación Especial iniciaron acciones con el sector de transporte y comunicaciones, Ministerio de Desarrollo Urbano, Instituto Nacional de Parques, con la finalidad de acondicionar las instalaciones de los diversos servicios, que estaban bajo su dependencia, ejecutándose las primeras acciones del "Proyecto de Ciudad sin barreras en Venezuela".

Por otra parte la Asociación Internacional de Rehabilitación presentó un documento como aporte al Año Internacional denominado Carta para la Década de los 80, en el cual se propone a todos los gobiernos el afianzamiento de las políticas de rehabilitación, y continuidad del programa de prevención y atención integral dentro del marco del desarrollo socioeconómico del país (ONU, 1980).

Sin embargo, la falta de coordinación entre los sectores y la no continuidad de las programaciones establecidas, constituyó una limitante para la consolidación de una política de Integración Social.

A fines de 1981 y, en aras de promover la integración de las personas con necesidades especiales, la Dirección de Educación Especial a través del Programa de Integración Social realizó una evaluación a los equipos de integración, con el fin de mejorar la calidad del proceso y lograr una coherencia entre la fundamentación teórica y la práctica de dichos servicios. En líneas generales los resultados derivados de esta evaluación indicaron que la acción de éstos servicios se centraba solo en el contexto escolar, esto a consecuencia de la demanda de alumnos con dificultades de aprendizaje a los cuales debía de atendérseles.

Al respecto una situación confrontada por los equipos de integración fue la carencia de un trabajo cooperativo entre los maestros especialistas y los docentes regulares, falta de compromiso de los Directivos de las Escuelas Regulares; poca articulación entre los planteles y servicios de la Modalidad de Educación Especial y la creencia de que el Equipo de Integración era el único responsable de la integración de éstas personas, lo cual conllevó a un bajo alcance de la Integración escolar para ésta población.

La situación antes expuesta, derivó la necesidad de elaborar lineamientos para la operatividad de los equipos. Es entonces para el año 1984 cuando se plantean dos vertientes; Prevención del fracaso escolar y la Integración Social de las personas con necesidades especiales atendidas en los planteles y servicios de la Modalidad de Educación Especial. En esa oportunidad se reiteraba la atención a la población con dificultades de aprendizaje, enfatizándose de esta forma la vertiente de la prevención del fracaso escolar. Esta situación llevó a que los Equipos de Integración en su mayoría funcionaran más como Unidades Psico-Educativas (UPE), que como Equipo de Integración. Con respecto a la integración escolar de un alumno con necesidades especiales se hacía en forma personalizada.

Para 1986, se consideró pertinente realizar una consulta y análisis con los equipos de integración social y los planteles y servicios de la modalidad de Educación Especial acerca de la conceptualización y la praxis de la integración social, con la intención de proporcionar una coherencia teórica y unificar criterios en cuanto a las líneas a seguir para la implementación de este principio.

En dicha consulta se analizó una vez más a los equipos de integración evidenciándose la necesidad de actualizar a los Profesionales en lo referente a la conceptualización de la integración, y los enfoques teóricos que la sustentan.

Para el año 1987, a fin de analizar la práctica de la integración social de las personas con necesidades especiales, en Venezuela y en el ámbito latinoamericano se realizó con los auspicios de la UNESCO el "Primer seminario para la integración de las personas con necesidades especiales".

Los resultados arrojados en éste seminario apuntaban a la necesidad de afrontar la integración escolar como una política de carácter nacional, así mismo se percibió la necesidad de trabajar en forma cooperativa con el personal de los planteles y servicios de educación especial a los fines de unificar criterios en cuanto a la integración de la población con necesidades especiales en las diferentes áreas de atención. Por otra parte, se apreció la necesidad de incorporar en forma activa a supervisores, como una vía para propiciar la excelencia del trabajo en las escuelas básicas.

Para el año 1988, se hizo un intento para promover acciones coordinadas con los niveles de Preescolar y Básica en las instancias zonales para la integración escolar de las personas con necesidades especiales. Si bien es cierto que algunas zonas realizaron propuestas concretas entre los entes de Educación, Salud, Trabajo y Familia, estas no cristalizaron en toda su plenitud, por cuanto, no respondían a líneas de acción articuladas entre los niveles y modalidades del sistema educativo y otros sectores del ámbito nacional.

Hasta 1990, la integración social de las personas con necesidades especiales, se plantea predominantemente en el contexto escolar. Vale destacar que aun cuando se han dado variadas experiencias de integración de niños, jóvenes y adultos con deficiencias visuales, auditivas y motoras y de integración sociolaboral, estas han sido direccionadas solo desde la modalidad de Educación Especial y no como parte integral del Sector Educativo, y de los otros sectores de la vida nacional.

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL

Al efectuar un análisis de la práctica que ha caracterizado la integración social de las personas con necesidades especiales se observa un sesgo al considerársele desde una perspectiva escolar, abordándose poco la integración familiar y laboral.

En cuanto a la integración familiar se percibe que los planteles y servicios han programado talleres, jornadas y encuentros para promover la participación de los padres en el proceso educativo de los niños y jóvenes con necesidades especiales. Sin embargo dichas actividades tienen un carácter mas informativo, que de verdadera participación activa de los padres en todo el proceso y en la toma de decisiones relativas a los hijos.

Es oportuno señalar que como estrategia de participación de los padres, se impulsaron los encuentros estatales de padres en cada Zona Educativa, en los cuales la asistencia ha sido masiva, sin embargo en la mayoría de dichas entidades, el contenido de las programaciones respondían muy poco a las necesidades de estos.

En cuanto a la práctica de la integración escolar, se evidencia la carencia de acciones coordinadas y articuladas con los niveles y otras modalidades del sistema educativo, que respondan a una política de integración social desde el ente Ministerial, situación que ha originado un bajo compromiso de la Escuela Básica para asumir la integración.

Si bien es cierto que los equipos de integración han realizado acciones para la integración familiar y comunitaria, estas no responden a un lineamiento de política articulada entre el Ministerio de Educación y los otros sectores de la vida Nacional. Otra de las debilidades encontradas en esta época, es la desvinculación de los equipos de integración con los planteles y servicios de Educación Especial.

Otras de las situaciones confrontadas por los equipos de integración, ha sido la necesidad de actualización permanente de sus profesionales en materia de políticas de atención integral de la población con necesidades especiales, programas de bienestar social, etc.

Por otra parte, se ha evidenciado que la mayoría de los equipos han planificado y ejecutado proyectos de integración social, que de contar con el apoyo de una política intersectorial hubiese tenido una mayor trascendencia en beneficio de la población con necesidades educativas especiales.

En relación a la integración laboral se aprecia que aún cuando en la fundamentación teórica del modelo de atención de las personas con necesidades especiales en cuanto a Educación y Trabajo, se concibe el trabajo en íntima relación con la Educación y una significación social, en la práctica se centra en el desarrollo de habilidades y destrezas de los jóvenes y adultos en un oficio a fin de incorporarlos al campo laboral, valorizándose de esta forma el sentido socioeconómico y no el desarrollo integral de la persona, donde la Educación y el Trabajo son dos procesos inclusivos que se dan desde tempranas hasta la adultez. Esto trae como consecuencia que de acuerdo al compromiso cognitivo de la persona se decide su capacidad productiva para insertarse en el campo laboral. Esto por supuesto, dificulta sus posibilidades de integración socio-laboral, permaneciendo en la mayoría de los casos por largo tiempo en la institución.(Documento Reorientación Político Conceptual de Educación y Trabajo (1997))

En este orden de ideas las acciones desarrolladas para la integración laboral, han sido en su mayoría por iniciativa de los talleres de educación laboral y no articuladas interinstitucional y sectorialmente.

En el año 1992, a solicitud de la Oficina de Desarrollo Social de las Naciones Unidas y el Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo de las Naciones Unidas, la Dirección de Educación Especial y la Fundación para el Desarrollo de la Educación Especial elaboraron las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para los Impedidos en Venezuela. El objetivo de ésta propuesta era él de contribuir a la creación de un cuerpo coherente de disposiciones generales a fin de garantizar el derecho de las personas con necesidades especiales a la educación, salud, trabajo, deporte, recreación, cultura, accesibilidad y seguridad social.

Hecho importante para esta época en Venezuela es la publicación de la Ley para la Integración de Personas Incapacitadas en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.623 de fecha 03-09-93.

De acuerdo a lo establecido en el título V de la Ley sobre "Disposiciones Transitorias" , se conforma el Consejo Superior de Integración el 08-06-95, integrado por un representante de los Sectores de Salud, Trabajo, Educación, Familia, Organizaciones no Gubernamentales, CTV, FEDECÁMARAS, y un representante de la Universidad Central de Venezuela.

Le corresponde a éste consejo, la divulgación, información y sensibilización a la comunidad a fin de promover una disposición al cambio hacia las personas con necesidades especiales. Al respecto una debilidad, de este consejo ha sido la no consolidación de la articulación intersectorial. Por otra parte no se han desarrollados proyectos específicos en materia de integración socio-laboral.

Cabe destacar las implicaciones de esta la Ley, por una parte su fundamentación teórica está basada en una concepción de la persona impedida que data de tiempos antiguos, no reflejando la visión actual de éstas personas, que son consideradas como ciudadanos con derecho a disfrutar de los beneficios que otorga la legislación en materia de familia, escuela, trabajo, salud, recreación, cultura, entre otros. En dicha Ley "para cada derecho que se pretende alcanzar (social, educativo, seguridad social, trabajo), se establece una condición que niega el espíritu y razón de la norma, o sea, la anula..." (Nunes 1996).

Para 1994, la política y línea estratégica de la Dirección de Educación Especial se enmarca en la integración social de las personas con necesidades especiales, en una dimensión intersectorial, donde el eje direccional e integrador esta dado por el sector educativo de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional de la República, en la Ley Orgánica de Educación, y en las declaraciones internacionales de organismos tales como U.N.E.S.C.O y O.N.U. en el marco de la intersectorialidad dirigida a la participación y articulación de instancias, organismos, sectores y sociedad civil que posibilitan la puesta en marcha de proyectos, convenios, para la integración escolar y socio-laboral de los niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales (Báez B. 1994).

En lo que se refiere a la integración escolar de las personas con necesidades especiales en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, la educación especial da apoyo al alumno integrado y a los docentes que actúan en dicho proceso a través de estrategias de integración, organización escolar, adaptación curricular, equipos y materiales, metodologías y recursos didácticos a través de una acción cooperativa entre los profesionales especialistas de la modalidad adscritos a la escuela regular. (Documento integración escolar, líneas estratégicas de políticas Educativas de la Modalidad de Educación Especial 1996).

Ahora bien, considerando que la integración escolar de las personas con necesidades especiales es un proceso continuo sistemático y progresivo, que implica el desarrollo de acciones que garanticen el cambio actitudinal de los administradores de la Educación, la Dirección de Educación Especial a los fines de establecer las normas para la integración escolar de las personas con necesidades especiales elaboró la resolución 2005 de fecha 02-12-96, a los fines de garantizar el proceso de integración en términos del derecho de la persona y del deber de las instancias responsables de dicho proceso, lo que a su vez fortalecerá la articulación y administración de una política educativa integral entre los niveles y modalidades del sistema educativo.

Otras de las políticas establecidas para este mismo año, .Es la resolución Nº1762 del 09-10-96, donde se establecen las normas para el ingreso y permanencia de los alumnos en los Planteles Oficiales y Privados de los niveles de Preescolar, Básica, Media Diversificada y Profesional. Consecuentemente se plantea la reorientación del Programa de Integración. Este se define como un programa de apoyo de la Dirección de Educación Especial como instancia nacional que tiene la competencia de diseñar las políticas relacionadas con la Integración Social de las personas con necesidades especiales, supervisar y velar por el cumplimiento de la Política de Integración Social así como también efectuar seguimiento a los acuerdos y convenios que se realicen en función de la integración social de las personas con necesidades especiales entre otras.

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